Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento del Departamento de Corrección y Rehabilitación con la transmisión de videoconferencias de los imputados que se encuentran sumariados; además, del acceso de los abogados a las instituciones carcelarias y los mecanismos utilizados para que estos se reúnan con sus clientes; y para otros fines relacionados.

2025-2028 Session

Ordena a la Comisión de Seguridad Pública investigar el cumplimiento del DCR en videoconferencias de imputados y el acceso de abogados a prisiones, para proponer mejoras.

Remitido a Comisión de Calendarios y Reglas Especiales de Debate de la Cámara

Resumen de la Resolución RC 156

Título corto: Ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes la realización de una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) con la transmisión de videoconferencias de los imputados sumariados y sobre el acceso de abogados a las instituciones carcelarias.

Propósito principal

La resolución instruye a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a llevar a cabo una investigación detallada sobre:
- El cumplimiento por parte del Departamento de Corrección y Rehabilitación con los procesos y protocolos relativos a la transmisión por videoconferencia de personas sumariadas (imputados en procesos sumarios).
- El grado de acceso que los abogados tienen a las instituciones carcelarias y los mecanismos (presenciales y remotos) que se emplean para que los abogados se reúnan con sus clientes.
- Asuntos relacionados que resulten pertinentes durante la investigación.

Contenido y alcance esperado de la investigación

Aunque el texto completo de la resolución no está incluido aquí, la investigación ordenada típicamente abarca:
- Revisión de políticas, protocolos y reglamentos del DCR sobre videoconferencias para comparecencias judiciales y comunicación abogado-cliente.
- Evaluación de la infraestructura tecnológica (equipos, software, disponibilidad de salas y conectividad) y su funcionamiento.
- Verificación del respeto al derecho de defensa y la confidencialidad de la comunicación abogado-cliente durante videoconferencias.
- Inspección de registros, agendas, bitácoras o logs que documenten uso y accesos.
- Entrevistas o citación de funcionarios del DCR, abogados, representantes del Poder Judicial y de defensa pública, privados y/o gestores de tecnología.
- Identificación de deficiencias, incumplimientos regulatorios o riesgos a derechos procesales y propuestas de remediación.

Quiénes se verían afectados

Departamento de Corrección y Rehabilitación (sujeto principal de la investigación).

Personas sumariadas o privadas de libertad (derecho a comunicación y comparecencia).

Abogados defensores (acceso y confidencialidad).

Jueces, fiscales, y el sistema judicial en general.

Proveedores de servicios tecnológicos y personal institucional.

Estado procesal y cronograma

Radicado: 14 de febrero de 2025

Primera lectura y referido a comisiones: 20 de febrero de 2025

Informe de la Comisión (1er Informe con enmiendas): 10 de abril de 2025 — entirillado y remitido a la Comisión de Calendarios de la Cámara el mismo día.

Estado actual: Remitido a Comisión de Calendarios de la Cámara (pendiente de acción en Pleno / programación para vista o votación).

Impacto potencial

Mayor fiscalización y transparencia sobre el uso de videoconferencias en procesos penales y sobre el acceso abogado-cliente.

Recomendaciones que podrían motivar cambios administrativos, reglamentarios o solicitudes presupuestarias para mejorar infraestructura y proteger derechos procesales.

Posible derivación de medidas correctivas o proyectos de ley si se identifican incumplimientos significativos.

Nota: RC 156 es una resolución de investigación de la Cámara; su propósito es de investigación/oversight y no modifica por sí misma el marco legal hasta que, en su caso, la Asamblea adopte medidas subsiguientes.