Para ordenar a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social a realizar una investigación exhaustiva sobre las agencias e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, relacionada al cabal cumplimiento con la política pública de facilitar y promover el acceso a la justicia de los adultos mayores, conforme a lo establecido en la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores”; y para otros fines relacionados.

2025-2028 Session

Ordena a la Comisión de Adultos Mayores investigar si agencias gubernamentales cumplen la política de acceso a la justicia para personas mayores según la Ley 121-2019.

Remitido a Comisión de Calendarios y Reglas Especiales de Debate de la Cámara

Propósito principal

La resolución ordena a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social que realice una investigación exhaustiva sobre las agencias e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico para determinar si cumplen cabalmente con la política pública destinada a facilitar y promover el acceso a la justicia de los adultos mayores, conforme a lo establecido en la Ley 121-2019 (Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores). La medida también contempla “otros fines relacionados”, sin especificar en el texto suministrado.

Disposiciones clave

Encargo explícito a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social para llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre agencias e instrumentalidades gubernamentales.

Enfoque temático: cumplimiento de la política pública sobre acceso a la justicia para personas mayores, según lo dictado por la Ley 121-2019.

El expediente registra al menos un informe producido por la Comisión (indicado como “1er Informe Comisión rendido con enmiendas”), aunque el texto no detalla plazos, sanciones, ni formato obligatorio del informe final.

Quiénes se verían afectados

Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social: responsable de realizar la investigación y emitir informes.

Agencias e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico: objeto de la revisión sobre sus políticas y prácticas relativas al acceso a la justicia de adultos mayores.

Adultos mayores y sus representantes/defensores: sujetos de la política pública cuyo acceso a la justicia puede verse reforzado por hallazgos y recomendaciones.

Organizaciones de servicios legales, tribunales y proveedores públicos relacionados con atención a adultos mayores, en función de las recomendaciones resultantes.

Cronología y trámite del expediente

Introducido: 6 de octubre de 2021 (RC 321).

Actuaciones registradas:

06/10/2021: Entirillado del informe (registro inicial).
12/05/2025: Radicado.
15/05/2025: Aparece en Primera Lectura de la Cámara; referido a comisiones.
06/10/2025: Reunión ejecutiva (Oficina de la Comisión); 1er Informe de la Comisión rendido con enmiendas; entirillado del informe; remitido a Comisión de Calendarios de la Cámara.

Estado actual: Remitido a la Comisión de Calendarios de la Cámara (pendiente de programación para consideración en Pleno).

Impacto potencial

Aumenta la supervisión administrativa sobre el cumplimiento de la política pública contenida en la Ley 121-2019.

Puede identificar vacíos administrativos, barreras al acceso a la justicia para adultos mayores y proponer recomendaciones administrativas o legislativas.

La resolución por sí sola no crea financiamiento ni cambios normativos directos, pero sus conclusiones podrían motivar iniciativas posteriores (reglamentarias, administrativas o legislativas).

Siguientes pasos esperables: la Comisión de Calendarios debe programar la consideración en Pleno; informes y recomendaciones de la Comisión pueden dar lugar a proyectos de ley o medidas administrativas.

Bill

Resumen de la resolución RC 321

Propósito principal

Disposiciones clave

Quiénes se verían afectados

Cronología y trámite del expediente

Impacto potencial

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