Para enmendar los artículos 9 y 11 de la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según enmendada, a los fines de establecer que cuando la Oficina del Contralor de Puerto Rico requiera la comparecencia de testigos para entrevistas o la entrega de documentos esenciales para realizar las investigaciones de las auditorías y la persona citada no comparece o no entrega la información solicitada, el foro judicial imponga la sanción de costas y honorarios de abogados, una vez dicho foro determine que la persona ha actuado de forma frívola o temeraria al no comparecer a la entrevista o al no entregar los documentos requeridos.

2025-2028 Session

Establece que, si la Contraloría cita a testigos o requiere documentos y no se cumplen, el tribunal puede imponer costas y honorarios a la persona citada por conducta frívola o tem

Remitido a Comisión de Calendarios de la Cámara

Resumen del Proyecto de Ley PC 1263 (Sesión 2025-2028) – Puerto Rico

Propósito principal

El proyecto de ley tiene como objetivo enmendar los artículos 9 y 11 de la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según enmendada, para establecer una consecuencia automática en el ámbito judicial cuando la Oficina del Contralor de Puerto Rico requiera la comparecencia de testigos para entrevistas o la entrega de documentos esenciales para investigaciones de auditoría y la persona citada no comparezca ni entregue la información solicitada. En esos casos, se impondría al demandado la obligación de pagar costas y honorarios de abogados, tras que el foro judicial determine que la persona actuó de forma frívola o temeraria al no comparecer o al no entregar los documentos.

Principales disposiciones y cambios propuestos

Rango de aplicación: Aplica cuando la Oficina del Contralor de Puerto Rico requiera entrevistas de testigos o la entrega de documentos relevantes para investigaciones de auditorías.

Condiciones para la sanción:

Debe existir una citación o requerimiento formal para comparecencia o entrega de documentos.
El destinatario debe no haber comparecido o no haber entregado la información solicitada.
El tribunal debe determinar que la conducta fue frívola o temeraria.

Sanción económica:

Se impondrían costas y honorarios de abogados como parte de la resolución judicial.
La imposición depende de la decisión del foro judicial (tribunal) respecto a la frívola o temeraria conducta.

Objeto de la enmienda: Asegurar herramientas efectivas para que la Oficina del Contralor obtenga la información necesaria durante las auditorías, fortaleciendo la operatividad de las investigaciones.

Beneficiarios y efectos potenciales

Beneficiarios directos: Oficina del Contralor de Puerto Rico y, en última instancia, la transparencia y la eficiencia de las auditorías gubernamentales.

Impacto sobre terceros: Personas citadas (testigos o titulares de documentos) podrían enfrentar sanciones financieras si no cumplen con los requerimientos de la contraloría y el tribunal verifica una conducta frívola o temeraria.

Procedimiento judicial: Refuerza el papel del sistema judicial para decidir sobre la frívola/temeraria conducta y la imposición de costos legales.

Aspectos procesales y temporales

Estado del proyecto: Radicado el 8 de mayo de 2026.

Implicaciones temporales: Si se aprueba, las disposiciones entrarán en vigor conforme a la fecha de promulgación o según lo definido en la enmienda (la ley citada no especifica en el resumen, por lo que habría que revisar el texto final para fechas de implementación y posibles disposiciones transitorias).

Relación con leyes existentes: Modifica los artículos 9 y 11 de la Ley Núm. 9 de 1952, ajustando el marco penal-pecuniario de no cumplimiento en contextos de auditoría de la contraloría.

Consideraciones finales

El proyecto busca dotar a la Oficina del Contralor de medios más contundentes para obtener información clave durante auditorías.

La sanción de costos y honorarios, dependiente de una determinación judicial de conducta frívola o temeraria, introduce un componente disuasorio adicional para el incumplimiento de citaciones y requerimientos documentales.

Como en toda enmienda penal y administrativa, la implementación deberá respetar derechos procesales y garantizar debido proceso en cada caso.