Para enmendar el inciso (40) del Artículo 1.03 del Capítulo I; y enmendar el Artículo 2.06 del Capítulo II de la Ley Núm. 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, a fin de reconocer expresamente a los Superintendentes Escolares, Superintendentes Auxiliares y Gerentes de Operaciones como personal docente del Departamento de Educación de Puerto Rico; disponer su integración dentro de la estructura organizacional de la Oficina Regional Educativa; y restituir derechos y beneficios laborales previamente reconocidos.

2025-2028 Session

El proyecto propone reclasificar y reconocer como personal docente a Superintendentes Escolares, Superintendentes Auxiliares y Gerentes de Operaciones, integrándolos a la estructur

Referido a Comisión(es)

Resumen del proyecto de ley (PC 1314)

Propósito e intención principal

El proyecto de ley tiene como objetivo enmendar partes específicas de la Ley Núm. 85-2018, conocida como la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, para:

Reconocer expresamente a ciertos cargos directivos (Superintendentes Escolares, Superintendentes Auxiliares y Gerentes de Operaciones) como personal docente del Departamento de Educación de Puerto Rico.
Integrar dichos cargos dentro de la estructura organizacional de la Oficina Regional Educativa.
Restituir derechos y beneficios laborales previamente reconocidos a ese grupo de personal.

Principales disposiciones y cambios propuestos

Enmiendas a:

Inciso (40) del Artículo 1.03 del Capítulo I.
Artículo 2.06 del Capítulo II.

Tema central: reclassificar y redefinir el personal mencionado como parte del cuerpo docente del Departamento de Educación (DEPR), en lugar de permanecer fuera o en una clasificación distinta.

Integración organizacional: se ordena la incorporación de estos cargos dentro de la estructura de la Oficina Regional Educativa, lo que implica cambios administrativos y de jerarquía.

Derechos laborales: se busca restituir derechos y beneficios laborales que, según el texto, habían sido reconocidos previamente y que pueden haber estado suspendidos o modificados; el proyecto propone devolver esos beneficios al personal afectado.

¿A quiénes afecta?

Directamente a:

Superintendentes Escolares
Superintendentes Auxiliares
Gerentes de Operaciones

Indirectamente a:

Departamentos y oficinas dentro del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR), especialmente las Oficinas Regionales.
Empleados y cargos docentes y administrativos vinculados a la definición de “personal docente” y a la estructura organizativa educativa regional.
Beneficiarios de los derechos y beneficios laborales que se restituirían para este grupo.

Aspectos procesales y cronológicos

Acción histórica: el proyecto fue radicado el 15 de junio de 2026.

Estatus: en fase de radicación; no se indica aún aprobación, enmiendas finales o calendario de vistas públicas.

Procedimiento esperado: como toda medida de reforma educativa, podría requerir paso por comisiones pertinentes (educación, presupuesto, etc.), votación en plenaria y,eventualmente, promulgación o veto del poder ejecutivo conforme al proceso legislativo de Puerto Rico.

Impacto presupuestario potencial: al restituir derechos y beneficios laborales, podría implicar costos recurrentes para el DEPR, dependiendo de la estructura de beneficios que se restituya y de cualquier ajuste salarial o de clasificación.

Consideraciones para lectura técnica

Enfoque central: dotar de estatus de “personal docente” a cargos de gestión educativa para reflejar su función pedagógica y operativa, y asegurar su reconocimiento dentro de la jerarquía regional.

Implicaciones administrativas: cambios en la estructura organizativa de las Oficinas Regionales Educativas pueden requerir ajustes en puestos, descripciones de función y procesos de recursos humanos.

Contenido de enmienda: las modificaciones se limitan a los Artículos señalados de Capítulos I y II de la Ley 85-2018; el texto completo de las disposiciones sería necesario para precisar la redacción exacta y alcance.

Si desea, puedo ampliar con un glosario de términos, posibles impactos presupuestarios estimados (si se proporcionan datos) o preparar una comparación con la normativa vigente previa a estas enmiendas.