Para enmendar el Artículo 2.08 de la Ley Núm. 158 2015, según enmendada, conocida como la “Ley de la Defensoría de las Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de añadir un nuevo inciso II que disponga como facultad del Defensor de las Personas con Impedimentos la emisión de una certificación, en forma de un letrero distintivo, para instalaciones públicas y privadas que cumplan sustancialmente con los requisitos de accesibilidad establecidos en la Ley Federal Americans with Disabilities Act (ADA); y para otros fines relacionados.

2025-2028 Session

El Defensor de Personas con Impedimentos podrá emitir un certificado en forma de letrero distintivo para instalaciones públicas y privadas que cumplan sustancialmente con la ADA.

Referido a Comisión(es)

Resumen del Proyecto de Ley PC 1117 (Sesión 2025-2028 – Puerto Rico)

Propósito principal

El Proyecto de Ley 1117 tiene como objetivo enmendar el Artículo 2.08 de la Ley Núm. 158 de 2015, según enmendada, conocida como la Ley de la Defensoría de las Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Con esta enmienda, se propone añadir un nuevo inciso II que confiera al Defensor de las Personas con Impedimentos la facultad de emitir una certificación en forma de un letrero distintivo. Este certificado se emitiría a instalaciones públicas y privadas que cumplan sustancialmente con los requisitos de accesibilidad establecidos en la Ley Federal Americans with Disabilities Act (ADA). En esencia, busca reconocer oficialmente la conformidad de instalaciones con estándares de accesibilidad al emanar un símbolo de certificación similar a un distintivo de cumplimiento.

Principales provisiones y cambios propuestos

Nueva facultad del Defensor de las Personas con Impedimentos: Se añade un inciso II al Artículo 2.08 de la Ley Núm. 158, otorgando al Defensor la autoridad para emitir una certificación.

Certificado/Cartel distintivo: La certificación se materializaría en forma de un letrero distintivo que puede colocarse en instalaciones públicas y privadas.

Criterios de cumplimiento: La certificación se basaría en el cumplimiento sustancial de los requisitos de accesibilidad establecidos por la Ley ADA (Ley de Estadounidenses con Discapacidades) a nivel federal.

Alcance de aplicación: Aplica tanto a instalaciones públicas como privadas en Puerto Rico.

Propósito de la certificación: Sirve como reconocimiento formal de que una instalación cumple sustancialmente con estándares de accesibilidad, facilitando la identificación por parte de usuarios con discapacidad, operadores y autoridades de cumplimiento.

¿Quiénes serían afectados?

Instalaciones públicas y privadas que cumplen (o buscan cumplir) con las normas de accesibilidad descritas en la ADA y reciben la certificación del Defensor.

Defensor de las Personas con Impedimentos: funcionaría también con mayor autoridad para emitir certificaciones y emitir señalización que indique cumplimiento.

Usuarios con discapacidad y público general: podrían beneficiarse de una indicación clara de instalaciones accesibles, mejorando la experiencia de navegación y uso de servicios.

Aspectos procedimentales y cronológicos

Radicación y lectura: El proyecto fue radicado el 9 de febrero de 2026 y aparece en Primera Lectura de la Cámara ese mismo día.

Remisión a comisiones: Se remitió a las comisiones correspondientes para revisión y dictamen.

Siguiente paso típico: Análisis por las comisiones especializadas (posiblemente de asuntos de derechos de personas con impedimentos, servicios legales, y reglamentos) seguido de informes y posibles enmiendas antes de debatirse en Pleno.

Observaciones finales

La enmienda busca formalizar una certificación de accesibilidad basada en criterios de la ADA, un estándar federal ampliamente reconocido.

La implementación dependerá de los procedimientos de la Defensoría y de la compatibilidad con la normativa local; podrían requerirse reglamentos complementarios o guías operativas para definir el formato del letrero, el proceso de certificación, vigencia y renovación, así como posibles costos o recursos para las instalaciones certificadas.

Aún falta definir plazos, criterios detallados de evaluación y mecanismos de apelación o revisión ante la negativa de certificación.