Para enmendar el Artículo 10 de la Ley 148-2015, conocida como, "Ley para la Protección de las Víctimas de Violencia Sexual en Puerto Rico" a los fines de tipificar como delito grave el incumplimiento de órdenes de protección emitidas a favor de víctimas de violencia sexual; y para otros fines relacionados.

2025-2028 Session

Make noncompliance with domestic- and sexual-violence protective orders a felony under Article 10 of Law 148-2015, aligning penalties and procedures across related laws.

Ley 40-2026

Propósito principal

Modificar el Artículo 10 de la Ley 148-2015 (Ley para la Protección de las Víctimas de Violencia Sexual en Puerto Rico) para tipificar como delito grave (felonía) el incumplimiento de órdenes de protección emitidas a favor de víctimas de violencia sexual. La intención declarada es uniformar el tratamiento penal de esa conducta con la Ley 54 (Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica) y la Ley 284 (Ley Contra el Acecho), y realizar otras disposiciones relacionadas.

Disposiciones clave

Eleva la conducta de no cumplir órdenes de protección a la categoría de delito grave bajo el Artículo 10 de la Ley 148-2015.

Busca armonizar las consecuencias penales y el tratamiento procesal de violaciones a órdenes de protección entre las tres leyes citadas (Ley 148-2015, Ley 54/1989 y Ley 284/1999).

Incluye lenguaje de coordinación legal para que la conducta equivalente reciba sanciones y procedimientos comparables a los previstos en las leyes sobre violencia doméstica y acecho.

“Y para otros fines relacionados”: puede incluir ajustes procedimentales, definiciones o remisiones a penas existentes, aunque el texto específico de esos “otros fines” no se detalla en el sumario disponible.

Quiénes resultan afectados

Víctimas de violencia sexual: la modificación busca fortalecer la protección efectiva de las órdenes emitidas en su favor.

Personas sujetas a órdenes de protección: enfrentarían consecuencias penales más severas (delito grave) por su incumplimiento.

Fuerzas de orden público, fiscales y tribunales: verían cambios en la tipificación del delito, en las facultades de arresto y en las disposiciones sentenciadoras aplicables.

Sistema correccional: potencial impacto en la población penitenciaria si aumenta la imposición de penas privativas de libertad.

Organizaciones de apoyo a víctimas y defensa legal: implicadas en la implementación y posibles recursos legales.

Estado legislativo y cronología relevante

Radicado: 23 de abril de 2025.

Cámara de Representantes: Aprobado con enmiendas en sala y en informe (13–19 de junio de 2025). Texto de aprobación final enviado al Senado (19 de junio).

Senado: Apareció en primera lectura y fue referido a comisiones (junio 2025). En votación final del Senado (12 de noviembre de 2025) fue derrotado; sin embargo, el informe fue aprobado con enmiendas y posteriormente la medida fue devuelta a las comisiones (13 de noviembre de 2025) tras solicitud de reconsideración y retiro del primer informe.

Situación actual: Devuelto a las comisiones para nueva consideración.

Impacto fiscal y operativo

No hay nota fiscal pública en este sumario; elevar la conducta a delito grave probablemente aumentaría costos judiciales y correccionales (mayor procesamiento, detenciones, posibles sentencias de cárcel). Se recomienda la elaboración de un informe de impacto presupuestario por las agencias competentes (Departamento de Justicia, Tribunal y Corrección).

Observaciones

La medida busca coherencia normativa entre instrumentos de protección (violencia sexual, doméstica y acecho).

El alcance preciso (penas específicas, procedimientos de arresto, repetición de conducta, agravantes) dependerá del texto legal exacto de la enmienda y de las enmiendas aprobadas en comisiones.

Seguimiento recomendado: ver las enmiendas de comité, el dictamen definitivo del Senado y cualquier evaluación de impacto presupuestario o constitucional.

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