Para crear la "Carta de Derechos del Estudiante Encamado, en Silla de Ruedas o que hace uso de tecnología que le asiste a mantenerse con vida", que será también conocida como la "Ley Victoria", a fin de establecer como política pública del Gobierno de Puerto Rico, los derechos que todo estudiante menor de veintiún (21) años, con impedimentos, que esté encamado, en silla de ruedas o que hacen uso de tecnología que los asisten a mantenerse con vida, y sin menoscabo a las leyes vigentes, tendrán frente al Departamento de Educación y el Gobierno de Puerto Rico; crear mecanismos judiciales expeditos para reivindicar tales derechos; y para otros fines relacionados.

2025-2028 Session

Establishes una Carta de Derechos para estudiantes menores de 21 con impedimentos que estén encamados, en silla de ruedas o usen tecnología de asistencia, garantizando su acceso y

Ley 109-2025

Propósito y alcance

PC 38, conocida como la “Carta de Derechos del Estudiante Encamado, en Silla de Ruedas o que hace uso de tecnología que le asiste a mantenerse con vida” o “Ley Victoria”, declara como política pública del Gobierno de Puerto Rico los derechos de toda persona estudiante menor de veintiún (21) años con impedimentos que esté encamada, en silla de ruedas o que utilice tecnología que la asista a mantenerse con vida. El proyecto garantiza esos derechos frente al Departamento de Educación y otras agencias del Gobierno, sin menoscabo de las leyes vigentes, y crea mecanismos judiciales expeditos para reivindicarlos.

Población afectada

Estudiantes con impedimentos menores de 21 años que:

estén encamados,
usen silla de ruedas, o
hagan uso de tecnología que les asista a mantenerse con vida (por ejemplo, ventilación mecánica u otros dispositivos de soporte vital).

Entes obligados: Departamento de Educación de Puerto Rico, escuelas públicas (y proveedores relacionados), agencias gubernamentales y el Poder Judicial en su rol de trámite de recursos expedientes.

Principales disposiciones (resumen)

El texto establece, a nivel general:
- La creación formal de una “Carta de Derechos” que reconoce derechos específicos de la población señalada frente al sistema público de educación.
- La obligación del Departamento de Educación y otras dependencias de respetar y garantizar esos derechos en el marco de sus funciones.
- La creación de mecanismos judiciales expeditos —vía procesos acelerados o remedios preferentes— para la pronta protección y reivindicación de los derechos consagrados.
- Salvaguarda de que la nueva Ley no derogará ni limitará otros derechos ya protegidos por la legislación existente.

(NB: El borrador del título indica el alcance institucional y procesal; el texto completo de la Ley especifica los derechos concretos, procedimientos, recursos administrativos y remedios judiciales.)

Impacto y consecuencias prácticas

Para estudiantes y familias: fortalece protección legal y opciones para exigir acceso, continuidad educativa y servicios necesarios.

Para el Departamento de Educación: implicará obligaciones de política, protocolos, posible asignación de recursos, capacitación de personal y coordinación con salud y servicios sociales.

Para el sistema judicial: generará causas y procedimientos acelerados para resolver reclamaciones relacionadas con estos derechos.

Presupuesto: podría requerir inversión en adaptaciones, personal especializado, equipo de asistencia y en la implementación de procedimientos administrativos y judiciales.

Cronología legislativa y estatus

Radicado: 02-ene-2025

Aprobado por Cámara y Senado con enmiendas: marzo–junio 2025

Enviado a la Gobernadora: 11-jul-2025

Promulgado: Ley 109-2025 — 10-ago-2025 (en vigor conforme a la promulgación; fecha exacta de vigencia o disposiciones transitorias se determinan en el texto final de la Ley).

Observaciones

Para conocer las obligaciones específicas (listado de derechos, procedimientos administrativos y plazos procesales, sanciones y asignaciones presupuestarias) es necesario consultar el texto completo de la Ley 109-2025. Esta síntesis describe su propósito, alcance poblacional y efectos institucionales generales.

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